Reforma a la Salud en Colombia: ¿El cambio que el país necesita o una incertidumbre para el sistema?

La reforma al sistema de salud en Colombia ha sido objeto de un amplio debate en los últimos meses. Con el objetivo de transformar la estructura actual y mejorar el acceso a los servicios de salud, el Gobierno Nacional ha impulsado un proyecto que modifica de manera sustancial el modelo de aseguramiento, la financiación y la prestación de los servicios de salud en el país. No obstante, este proceso ha estado marcado por posturas encontradas, preocupaciones sobre su viabilidad y un intenso debate entre diferentes sectores de la sociedad, incluyendo asociaciones médicas, trabajadores del sector salud y académicos.

En este artículo realizaremos una revisión reciente de los principales aspectos del proyecto de reforma, su estado actual en el trámite legislativo, los cambios que propone en el modelo de aseguramiento, así como las observaciones planteadas por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). Asimismo, se analizarán los desafíos que enfrenta la implementación del nuevo esquema propuesto y las implicaciones que tendría para los profesionales de la salud y la población en general.

Aspectos clave del Proyecto de Reforma a la Salud

El Proyecto de Ley 312 de 2024 tiene como objetivo transformar el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia en un Sistema de Salud basado en el Aseguramiento Social en Salud. Sin embargo, el proyecto ha generado amplios debates, ya que, aunque propone un modelo de atención primaria con reorganización territorial, persisten preocupaciones sobre su viabilidad financiera y su impacto en la prestación efectiva de los servicios de salud.

Uno de los aspectos más discutidos es la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Salud y Vida. Aunque se plantea que estas nuevas figuras se encargarán de la articulación de servicios, existe incertidumbre sobre su rol en la continuidad de la atención a los pacientes.

Otro punto crítico es la concentración de funciones en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Bajo la reforma, esta entidad no solo fungiría como pagador único del sistema, sino que también definiría el flujo de los recursos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el riesgo de una excesiva centralización del manejo financiero del sistema de salud.

Adicionalmente, el proyecto no establece un régimen laboral especial para el talento humano en salud que garantice condiciones equitativas tanto para el sector público como para el privado. Aspectos clave como remuneraciones justas y dignas, pago oportuno, espacios adecuados de descanso y una regulación clara de las jornadas laborales no han sido abordados de manera integral, lo que ha generado preocupación en el sector.

Finalmente, la reforma contempla la creación del Consejo Nacional de Salud como órgano consultivo. Aunque su función principal es la recomendación de políticas en salud, hay voces que sugieren otorgarle un papel más vinculante en la definición de las políticas públicas del sector.

Trámite del Proyecto de Reforma a la Salud

El Proyecto de Ley 312 de 2024, que busca transformar el sistema de salud colombiano, fue presentado por el Gobierno Nacional en septiembre de 2024. Posteriormente, se acumuló con el Proyecto de Ley 135 de 2024, propuesto por el colectivo Acuerdos Fundamentales, del cual la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) es miembro activo. Esta acumulación ha sido objeto de críticas, ya que no se consideraron acuerdos en puntos críticos de fondo entre las dos iniciativas. El 18 de noviembre de 2024, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto acumulado, permitiendo su avance en el proceso legislativo. El debate en la plenaria de la Cámara de Representantes comenzó en diciembre de 2024 y, durante ese mes, se aprobaron 23 de los 62 artículos que hacían parte del proyecto de reforma.

El Gobierno Nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias del 11 al 14 de febrero de 2025, mediante el Decreto 0168 del 10 de febrero de 2025, con el propósito de continuar el debate del proyecto de reforma a la salud. A pesar de la controversia inicial, el debate avanzó y se aprobaron 7 artículos adicionales, alcanzando un total de 30 artículos aprobados. No obstante, el 14 de febrero de 2025, la sesión fue suspendida por falta de quórum en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se espera que el trámite de segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se reanude, para que, luego de su aprobación, se avance a los debates en el Senado de la República.

Impactos de la eventual implementación de los cambios al sistema de salud

La reforma al sistema de salud colombiano, propuesta en el Proyecto de Ley 312 de 2024, introduce un cambio significativo al pasar de un modelo de afiliación individual a uno de aseguramiento social colectivo. En el esquema actual, cada persona se afilia de manera individual a una Entidad Promotora de Salud (EPS), que gestiona la atención médica, incluyendo autorizaciones, asignación de citas y pagos a los prestadores de servicios de salud. Con la reforma, este modelo sería reemplazado por un sistema en el que los ciudadanos se inscriben en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).

Según el proyecto de ley, los CAPS serán responsables del nivel primario de atención y constituirán la puerta de entrada a las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIIS). Estos centros asumirán la responsabilidad directa de coordinar y brindar la atención médica, eliminando “la intermediación” de las EPS. Además de ofrecer atención médica básica, los CAPS coordinarán la remisión de pacientes a centros hospitalarios de mediana y alta complejidad cuando sea necesario, integrando así los diferentes niveles de atención en salud.

Este nuevo enfoque busca fortalecer la atención primaria y garantizar una cobertura más equitativa. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos, especialmente en las zonas rurales. La escasez de profesionales de la salud en áreas urbanas y la falta de incentivos para trabajar en regiones apartadas podrían dificultar la prestación efectiva de servicios en estas localidades. La ausencia de un régimen laboral especial para el talento humano en salud agrava esta problemática, ya que no se ofrecen condiciones atractivas para que los profesionales se desplacen a zonas de difícil acceso.

Un ejemplo que ilustra las posibles dificultades de este modelo es la Red de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrada por la Fiduprevisora S.A. Este sistema, que opera sin intermediarios, ha enfrentado críticas por parte de los docentes, quienes denuncian falta de organización, deficiencias en la prestación de los servicios, falta de especialistas, demoras en la asignación de citas y dificultades en la entrega de medicamentos. Estas experiencias sugieren que, sin una planificación adecuada y recursos suficientes, la transición al nuevo modelo propuesto por la reforma podría replicar problemas similares a nivel nacional.

En resumen, aunque el aseguramiento social colectivo pretende mejorar la equidad y eficiencia en la atención en salud, su éxito dependerá de la capacidad para superar desafíos estructurales, como la suficiencia de recursos, la distribución equitativa de profesionales de la salud y la implementación efectiva de modelos de atención en todo el territorio nacional.

La voz de los gremios

Desde la S.C.A.R.E. se han planteado varias observaciones clave al proyecto de reforma a la salud, entre ellas:

• Aseguramiento en salud: Se propone que en lugar de un modelo basado en la adscripción poblacional (donde las personas son asignadas a un centro de salud sin posibilidad de elección), se adopte un modelo de afiliación individual que garantice la libertad de escoger el prestador de servicios de salud.
• Definir formas de financiamiento y recursos necesarios para la implementación de los cambios: Se recomienda establecer con claridad cómo se financiarán los cambios estructurales propuestos en la reforma, asegurando que existan fuentes de recursos suficientes y sostenibles a largo plazo. Esto incluye la identificación de nuevas fuentes de financiación, la planificación de inversiones y la evaluación de costos para garantizar que la implementación del nuevo modelo sea viable sin afectar la calidad de la atención.

• Fortalecimiento de la prevención en salud: Se sugiere incluir de manera explícita la estrategia de promoción en salud dentro del modelo de atención primaria, con énfasis en educación para la salud y prevención de enfermedades.
• Mayor poder para el Consejo Nacional de Salud: En lugar de que este organismo solo haga recomendaciones, se propone que tenga la facultad de adoptar políticas públicas, incluyendo la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y su valor.
• Recursos para el sistema de información en salud: Se recomienda que el Gobierno Nacional determine, en un plazo de seis meses, los montos de recursos destinados a la implementación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud.
• Supervisión y control de los recursos: Se plantea que la ADRES, además de administrar los recursos, asuma el riesgo financiero del sistema y realice auditorías aleatorias y excepcionales para verificar la calidad de la auditoría realizada por las Gestoras de Salud y Vida.
• Fuentes de financiación claras y sostenibles: Se sugiere modificar la estructura de financiación del sistema de salud para garantizar que el Gobierno Nacional destine un porcentaje anual del presupuesto general de la Nación, asegurando estabilidad y sostenibilidad financiera.
• Pago oportuno y garantías para los trabajadores de la salud: Se propone que dentro de los usos del Fondo Único Público de Salud se incluya el pago de salarios y beneficios para el talento humano en salud, así como el apoyo económico a los médicos residentes.
• Creación de un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud: Se recomienda que el Gobierno Nacional, en un plazo de seis meses, estructure un régimen laboral específico para el sector, en concertación con los trabajadores. Este régimen debería incluir aspectos como estabilidad laboral, pago oportuno, regulación de la jornada laboral, condiciones de docencia-servicio, servicio social obligatorio, remuneración justa y otros temas claves para garantizar condiciones laborales dignas.
• Plazo máximo para el pago a los especialistas: Se propone que el tiempo de pago por servicios prestados no supere los 10 días calendario posteriores a la radicación de la factura o cuenta de cobro, con el fin de evitar demoras que afectan la estabilidad económica de los profesionales de la salud.

Estas propuestas buscan que la reforma tenga un enfoque más equilibrado, que proteja los derechos de los trabajadores de la salud y que asegure una financiación estable y sostenible del sistema.

Para concluir y una vez que la plenaria de la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de reforma a la salud, este será remitido al Senado para su respectiva discusión y trámite. Se espera que la discusión en esta nueva etapa sea profunda y basada en análisis técnicos que permitan evaluar los impactos reales del proyecto. Es crucial que en este proceso se escuchen las voces de las sociedades científicas, los trabajadores de la salud y demás actores del sistema, quienes tienen un conocimiento directo sobre las necesidades y desafíos del sector.

Para garantizar que la reforma logre los objetivos de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, es fundamental que el debate incluya consideraciones sobre la sostenibilidad financiera, la estabilidad laboral del talento humano en salud y la implementación efectiva del nuevo modelo de aseguramiento. Solo a través de un diálogo amplio y fundamentado se podrá construir un sistema de salud equitativo, eficiente y con garantías reales para todos los ciudadanos.